Comisión Permanente del Congreso declara procedente investigaciones contra Jorge del Castillo

La sesión de la Comisión Permanente fue levantada por el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, luego de declararse procedentes seis acusaciones constitucionales. El acuerdo se aprobó por unanimidad, a mano alzada.

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó iniciar la investigación de seis acusaciones constitucionales, entre las cuales destacan las interpuestas contra el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, contra el ex ministro de Economía, Luis Carranza Ugarte, contra el congresista Gustavo Espinoza Soto y contra varios vocales y fiscales supremos.
A propuesta del presidente Javier Velásquez Quesquén, se acordó otorgar 15 días hábiles como plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice las investigaciones correspondientes y presente los informes finales a la Comisión Permanente. Salvo la reserva del congresista Mauricio Mulder Bedoya, todos los parlamentarios presentes votaron a favor.
Se debe recordar que el congresista Espinoza Soto fue denunciado por los legisladores apristas Luis Giampietri Rojas y Édgar Núñez Román por la presunta infracción de los artículos 38° y 44° de la Constitución al haber difundido entre congresistas chilenos las declaraciones del ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre, las cuales provocaron un impasse diplomático con Chile.
La denuncia recuerda que el artículo 38° de nuestra Carta Magna exige a los peruanos, y más aún a un congresista de la República, proteger los intereses nacionales. Sostiene que, contrariamente a lo establecido en la norma constitucional, el citado legislador perjudicó la estabilidad y las cordiales relaciones con ese país, al hacer públicas expresiones que fueron vertidas por Donayre en privado.
Por otro lado, la denuncia contra el ex titular del MEF fue presentada por el congresista José Urquizo Maggia por la presunta infracción de los artículos 51°, 103° y 109° de la Constitución. Ello, por el supuesto incumplimiento, por parte de Carranza, de la Ley que fija el aguinaldo de los magistrados del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público.
Jorge del Castillo es acusado también por el mismo cargo, pero en otra denuncia constitucional presentada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, la cual también incluye al ex ministro Carranza.
La tercera denuncia es contra los vocales supremos Javier Villa Stein, Edmundo Villacorta, Yrma Estrella, Roberto Acevedo y Héctor Rojas, por la presunta infracción del artículo 45° de la Constitución Política al haber utilizado como parámetro de constitucionalidad una norma legal inexistente sobre su reincorporación en el régimen del Decreto Ley núm. 20530.
Otra de las denuncias es contra los fiscales supremos José Antonio Peláez y Miguel Ángel Cáceres por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por supuestamente haber absuelto a quien ha ingresado a la parcela de terreno del denunciante, el ciudadano Ernesto Mendoza.
Otro fiscal supremo denunciado es Percy Peñaranda Portugal, a quien se le acusa de supuesta infracción a los incisos 3) y 6) del artículo 139° de la Constitución y por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y prevaricato, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 376°, 377° y 418°, respectivamente, del Código Penal.