La ministra de Justicia, Rosario Fernández, en Palacio de Gobierno. Foto: ANDINA/Rubén Grández. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) consideró “positiva” la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar o eliminar del proyecto de ley para sancionar la interceptación de las comunicaciones, cualquier término que pueda interpretarse erróneamente como restrictivo de la libertad de expresión.
El representante del área legal de IPYS, Roberto Pereira, sostuvo que en el proyecto original, que contenía el término “reproducir”, se podía interpretar como una penalización a la difusión de información de interés público obtenida de las interpretaciones.
“Nos parece positiva esta rectificación por parte de la ministra (de Justicia)”, manifestó el especialista en diálogo con la agencia Andina.
Pereira sostuvo que de haberse mantenido en esos términos el proyecto se habría prestado a interpretaciones confusas que terminarían penalizando la propagación de información obtenida ilícitamente, a pesar de que el periodista que los difundió no haya intervenido en ese ilícito previo.
La mencionada iniciativa plantea ampliar la base de la conducta delictiva de las interceptaciones telefónicas ilegales, para incluir no sólo ese caso, sino la interceptación de cualquier tipo de comunicaciones, que no existían cuando la norma se redactó y aprobó en su texto original.
También plantea penalizar la comercialización y reproducción del material obtenido ilícitamente.
Pereira recordó que IPYS, a través de un comunicado, advirtió de lo peligroso y atentatorio contra la libertad de expresión que resultaba mantener en el proyecto el término reproducción.
“Sugerimos que se modifique (el proyecto) incorporando un párrafo que señale expresamente que las conductas penalizadas no abarcarán la difusión de información de interés publico, que es el objeto del ejercicio de la libertad de expresión.”
Esta mañana la ministra de Justicia, Rosario Fernández, sugirió al Congreso modificar o eliminar del proyecto de ley para sancionar la interceptación de las comunicaciones, cualquier término que pueda interpretarse erróneamente como restrictivo de la libertad de expresión.
Al respecto, Roberto Pereira consideró que quizá lo mejor sería retirar ese proyecto de ley y presentar una nueva iniciativa legislativa mejorada, pues, “cuando se trata de una norma jurídico penal se requiere de una redacción muy pulcra y cuidadosa.”
El especialista pidió también que se modifique el punto referido a la utilización de medios técnicos para el registro de imágenes o conversaciones, que también generan una interpretación de penalizar su uso periodístico.
Indicó que en el artículo 154 del Código Penal ya sanciona la utilización de elementos técnicos como registro de sonidos, voces y datos privados que violan la intimidad personal.
El representante del área legal de IPYS, Roberto Pereira, sostuvo que en el proyecto original, que contenía el término “reproducir”, se podía interpretar como una penalización a la difusión de información de interés público obtenida de las interpretaciones.
“Nos parece positiva esta rectificación por parte de la ministra (de Justicia)”, manifestó el especialista en diálogo con la agencia Andina.
Pereira sostuvo que de haberse mantenido en esos términos el proyecto se habría prestado a interpretaciones confusas que terminarían penalizando la propagación de información obtenida ilícitamente, a pesar de que el periodista que los difundió no haya intervenido en ese ilícito previo.
La mencionada iniciativa plantea ampliar la base de la conducta delictiva de las interceptaciones telefónicas ilegales, para incluir no sólo ese caso, sino la interceptación de cualquier tipo de comunicaciones, que no existían cuando la norma se redactó y aprobó en su texto original.
También plantea penalizar la comercialización y reproducción del material obtenido ilícitamente.
Pereira recordó que IPYS, a través de un comunicado, advirtió de lo peligroso y atentatorio contra la libertad de expresión que resultaba mantener en el proyecto el término reproducción.
“Sugerimos que se modifique (el proyecto) incorporando un párrafo que señale expresamente que las conductas penalizadas no abarcarán la difusión de información de interés publico, que es el objeto del ejercicio de la libertad de expresión.”
Esta mañana la ministra de Justicia, Rosario Fernández, sugirió al Congreso modificar o eliminar del proyecto de ley para sancionar la interceptación de las comunicaciones, cualquier término que pueda interpretarse erróneamente como restrictivo de la libertad de expresión.
Al respecto, Roberto Pereira consideró que quizá lo mejor sería retirar ese proyecto de ley y presentar una nueva iniciativa legislativa mejorada, pues, “cuando se trata de una norma jurídico penal se requiere de una redacción muy pulcra y cuidadosa.”
El especialista pidió también que se modifique el punto referido a la utilización de medios técnicos para el registro de imágenes o conversaciones, que también generan una interpretación de penalizar su uso periodístico.
Indicó que en el artículo 154 del Código Penal ya sanciona la utilización de elementos técnicos como registro de sonidos, voces y datos privados que violan la intimidad personal.
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