martes, 21 de febrero de 2012

Organizaciones indígenas dan ultimátum al Gobierno


Lima.- Los presidentes de cuatro de las seis organizaciones indígenas que elaboran junto al gobierno la Ley de Consulta Previa emplazaron al Estado a que en un plazo de 30 días modifiquen el borrador de la norma o solicitarán la intervención judicial del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta decisión fue tomada luego de sostener que, de aprobarse la Ley de Consulta Previa de acuerdo al borrador actual, sería el Estado peruano quien tendría la última palabra sobre la territorialidad además de otros derechos de las comunidades, lo que significa que los pueblos no tendrían injerencia.

La reunión, realizada en el local de la Confederación Nacional Agraria (CNA), estuvo dirigida por dirigente amazónico y presidente de Aidesep, Alberto Pizango, quien señaló que el Gobierno peruano no tomó en cuenta para la elaboración del borrador de la Ley los puntos acordados en los seis talleres macrorregionales y el Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas, desarrollado a mediados del presente mes.
Presidente de Aidesep, Alberto Pizango (Foto: Internet)

Al respecto Gladis Vila, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, indicó que debido al poco tiempo transcurrido entre el Encuentro Nacional y la aprobación del borrador de la Ley de Consulta Previa, no fue posible “sistematizar balances” de los acuerdos tomados y entregar los mismos a las autoridades para que fueran revisados. “El Estado, al ratificar en 1993 el convenio 169 de la OIT, aceptó como ley la libre determinación de los pueblos de acuerdo a los estándares internacionales, y con este reglamento se pretende ir más allá”, señaló.

Entre los acuerdos tomados durante el Encuentro Nacional se encuentra la modificación de hasta 6 artículos de la ley de Consulta Previa y su disposición complementaria, así como el cese de todo diálogo con el Gobierno hasta que no se tomen en cuenta estos cambios. También se exige la formación de una Asamblea Constituyente a fin de elaborar una nueva Constitución Política “que recoja los derechos de los pueblos indígenas”.

Para Alberto Pizango se han ignorado los acuerdos “por un tema de plazos, de compromisos económicos. El Estado, en un acto de mala fe, está atropellando los derechos de los pueblos indígenas; cuando en un principio indicamos la necesidad de que otras organizaciones participaran de los talleres, el Gobierno no lo permitió. Ahora, cuando, según ellos, hemos ‘pateado el tablero’, convocan a esas organizaciones y anuncian que nosotros nos retiramos del diálogo”. (Fuente: Diario16.pe)

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