Presidente del Congreso,Javier velásquez Quesquén.Foto.ANDINA/Norman Cordova Por Nancy Miller, enviada especial
El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, planteó hoy que se reestructure la Contraloría para evitar que dicha entidad continúe actuando como una especie de ente policiaco, que en algunos casos frene la ejecución de obras importantes.
“Voy alcanzar al Presidente un proyecto de ley integral para hacer una reforma, que como bien lo ha dicho ya el congresista Alejandro Aguinaga, debe ser un organismo que evalúe, no los procesos sino los resultados”, declaró a la Agencia Andina.
Velásquez Quesquén, quien formuló estas declaraciones tras clausurar la novena sesión descentralizada de la Mesa Directiva que se realizó en esta ciudad, mencionó que esa fue, precisamente, una de las conclusiones de esta reunión.
“Creo que se debe medir la gestión de los presidentes regionales por resultados y no por procesos”, aseveró.
A modo de ejemplo, comentó que la acción de la Contraloría generó un perjuicio en Ucayali cuando, por no dar la conformidad a tiempo para que se otorgue una ampliación de 20 millones de nuevos soles para una carretera, el precio de esa misma vía se incrementó en unos 100 millones.
“Hay el peligro de otra carretera –dijo- que requiere un monto adicional de 77 millones de nuevos soles, pero por una opinión que la contraloría no formula, se corre el riesgo que la ejecución de la misma se perjudique”.
Subrayó que esta situación demanda que sea afrontada inmediatamente.
“La Contraloría ha generado toda una cultura de la sospecha sobre los funcionarios y lejos de facilitarle las cosas a los presidentes regionales perturba la gestión”, dijo al indicar que ese organismo actúa como una especie de ente “policiaco”.
Explicó que la legislación establece que cuando hay un adicional superior al 10% en el costo de la obra, esto tiene que pasar por la Contraloría.
Advirtió que, en algunas ocasiones, la Contraloría lejos de evaluar la opinión que se le solicita sobre una obra, resulta convirtiéndose en el gestor y pronunciándose en contra de la entrega del monto que se le requiere. “Y con eso genera un grave perjuicio”.
Tribunal Fiscal
De otro lado planteó también que se descentralice el Tribunal Fiscal de tal manera que las causas de acotación en contra de los contribuyentes puedan ser vistas en las regiones el país.
“Hay contribuyentes que han sido acotados y por ello han planteado impugnaciones ante el Tribunal Fiscal que opera en Lima, las mismas que se resuelven en 3, 4 y hasta cinco años”, dijo.
“Esta mañana el alcalde de Coronel Portillo me ha informado que sólo en su jurisdicción hay 200 casos de contribuyentes acotados. Ahora imagínese cómo está embalsada la carga procesal en el Tribunal Fiscal”, explicó.
Sostuvo que ello amerita que se sopese la posibilidad de crear tribunales descentralizados, con la participación de las cámaras de comercio y de los colegios profesionales, para resolver en las mismas regiones esos casos.
Indicó que la demora de tales impugnaciones deja a los municipios prácticamente sin obras en la medida que disminuye la recaudación fiscal.
“Creo que los gobiernos regionales serios pueden constituir tribunales fiscales donde hagan participar a la sociedad civil organizada, esa es una conclusión muy importante que nos llevamos de la sesión descentralizada de Pucallpa”, indicó.
“Voy alcanzar al Presidente un proyecto de ley integral para hacer una reforma, que como bien lo ha dicho ya el congresista Alejandro Aguinaga, debe ser un organismo que evalúe, no los procesos sino los resultados”, declaró a la Agencia Andina.
Velásquez Quesquén, quien formuló estas declaraciones tras clausurar la novena sesión descentralizada de la Mesa Directiva que se realizó en esta ciudad, mencionó que esa fue, precisamente, una de las conclusiones de esta reunión.
“Creo que se debe medir la gestión de los presidentes regionales por resultados y no por procesos”, aseveró.
A modo de ejemplo, comentó que la acción de la Contraloría generó un perjuicio en Ucayali cuando, por no dar la conformidad a tiempo para que se otorgue una ampliación de 20 millones de nuevos soles para una carretera, el precio de esa misma vía se incrementó en unos 100 millones.
“Hay el peligro de otra carretera –dijo- que requiere un monto adicional de 77 millones de nuevos soles, pero por una opinión que la contraloría no formula, se corre el riesgo que la ejecución de la misma se perjudique”.
Subrayó que esta situación demanda que sea afrontada inmediatamente.
“La Contraloría ha generado toda una cultura de la sospecha sobre los funcionarios y lejos de facilitarle las cosas a los presidentes regionales perturba la gestión”, dijo al indicar que ese organismo actúa como una especie de ente “policiaco”.
Explicó que la legislación establece que cuando hay un adicional superior al 10% en el costo de la obra, esto tiene que pasar por la Contraloría.
Advirtió que, en algunas ocasiones, la Contraloría lejos de evaluar la opinión que se le solicita sobre una obra, resulta convirtiéndose en el gestor y pronunciándose en contra de la entrega del monto que se le requiere. “Y con eso genera un grave perjuicio”.
Tribunal Fiscal
De otro lado planteó también que se descentralice el Tribunal Fiscal de tal manera que las causas de acotación en contra de los contribuyentes puedan ser vistas en las regiones el país.
“Hay contribuyentes que han sido acotados y por ello han planteado impugnaciones ante el Tribunal Fiscal que opera en Lima, las mismas que se resuelven en 3, 4 y hasta cinco años”, dijo.
“Esta mañana el alcalde de Coronel Portillo me ha informado que sólo en su jurisdicción hay 200 casos de contribuyentes acotados. Ahora imagínese cómo está embalsada la carga procesal en el Tribunal Fiscal”, explicó.
Sostuvo que ello amerita que se sopese la posibilidad de crear tribunales descentralizados, con la participación de las cámaras de comercio y de los colegios profesionales, para resolver en las mismas regiones esos casos.
Indicó que la demora de tales impugnaciones deja a los municipios prácticamente sin obras en la medida que disminuye la recaudación fiscal.
“Creo que los gobiernos regionales serios pueden constituir tribunales fiscales donde hagan participar a la sociedad civil organizada, esa es una conclusión muy importante que nos llevamos de la sesión descentralizada de Pucallpa”, indicó.
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