Piden impedir salida del país del presidente de la FPF

El congresista Renzo Andrés Reggiardo ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a la situación de Manuel Burga en la Federación Peruana de Fútbol.

El congresista Renzo Reggiardo Barreto (GPF) demandó a las autoridades judiciales adoptar medidas restrictivas, entre ellas prohibir su salida del país, del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane, denunciado por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de tres ilícitos penales en la administración del Instituto Superior ‘Alfonso Huapaya Cabrera’.
Así mismo, demandó que el ministro de Educación se pronuncie en torno al acuerdo y la llamada ‘carta de intención’ que el denunciado dirigente del balompié suscribió con el titular del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Arturo Woodman, para evitar que nuestro país sea sancionado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y se le prohíba participar en torneos internacionales.
En conferencia de prensa el congresista comentó que resultaba contradictorio que el jefe del IPD, que depende del Ministerio de Educación, suscriba acuerdos con una persona denunciada por el titular del mismo sector.
En ese sentido, invocó al ministro José Antonio Chang a pronunciarse sobre qué va a ocurrir con esas firmas y los acuerdos tomados con una persona que usurpa funciones y ocupa ilegalmente la presidencia de la FPF.
De igual forma, demandó que la FIFA se pronuncie sobre la denuncia penal presentada contra su representante en el Perú, y en torno a la cual no se puede seguir sosteniendo que se trata de un asunto de índole personal ni de persecución política, como se ha venido afirmando.
“Resultaría incomprensible que la FIFA siga apoyando a un dirigente que puede ser sancionado con pena privativa de la libertad”, dijo Reggiardo.
Recordó que la 57 Fiscalía Provincial de Lima ha denunciado a Burga por la presunta comisión de los delitos de peculado impropio, uso de documentos públicos falsificados y asociación ilícita para delinquir, este último considerado el más grave y que se sanciona con pérdida de la libertad no menor de ocho ni mayor de 35 años.
Según el congresista, a dichos delitos se sumaría el de enriquecimiento ilícito sobre el cual debe pronunciarse la Fiscal de la Nación, a pedido del titular de la fiscalía provincial, quien habría hallado irregularidades en los informes obtenidos mediante el levantamiento del secreto bancario de Burga.