Proponen política de Estado para atender a niños y adolescentes en abandono

Sesión de de la Comisión especial revisora del Código de los Niños y Adolescentes, que preside el congresista Juan Carlos Eguren.

La necesidad de establecer una política de Estado para atender a los niños y adolescentes en situación de abandono y agilizar los procesos de adopción se propuso en la Comisión Especial Revisora del Código de los Niño y Adolescentes del Parlamento Nacional, que preside el congresista Juan Carlos Eguren.
El congresista, luego de las intervenciones de los representantes de las diversas instituciones públicas y privadas que participan en esta comisión, manifestó que el debate del Libro III sobre Instituciones Familiares, en el que se incluye el capítulo de la niñez en estado de abandono y la adopción debería ampliarse para perfeccionarlo.
Dijo que, en su opinión, lo más conveniente es que las adopciones se realicen en procesos administrativos y no judiciales a fin de desburocratizar ese procedimiento para beneficio de las familias adoptantes y de los niños y adolescentes adoptados.
En el inicio del debate del tema el representante de la Defensoría del Pueblo, Jorge Valencia, planteó la necesidad de una verdadera política de Estado para atender a los niños y adolescentes en situación de abandono y que luego pueden o no ser adoptados. Para ello, anotó, se requiere que se les atienda en casas hogares, albergues u otras instituciones.
El trabajo sobre la niñez en estado de abandono y la adopción fue expuesto por Azucena Solari Escobedo, representante del Ministerio Público. En este título, entre otras cosas, se propone cambiar el nombre de Oficina de Adopciones, por el de Autoridad Central de Adopciones.
Por su parte, Luz María Capuñay, del Poder Judicial, responsable del grupo de trabajo sobre el Libro IV referido a la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, solicitó una ampliación del plazo para entregar su informe con el fin de poder recoger las experiencias de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
En esta comisión participan representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, así como de la Mesa Interinstitucional sobre Adolescencia de Conflicto con la Ley Penal, de las universidades y de la Unicef.