Ministra de Justicia, Rosario Fernández, adelanta que el viaje de esta comisión será con la finalidad de elaborar un plan de desarrollo sostenible de la Amazonía. Foto: ANDINA/Archivo Lima.- El Ministerio de Justicia informó hoy que una comisión ministerial ad hoc viajará en los próximos días a Bagua para sostener diálogo con las comunidades nativas, recoger sus demandas y elaborar así un plan de desarrollo sostenible para la zona selvática.
Entre las propuestas que llevarán, la titular de Justicia, Rosario Fernández, anunció un Régimen de Titulación Especial y un catastro de tierras para aquellas comunidades amazónicas que aún no se les reconoce su propiedad en la zona selvática.
En su calidad de integrante de la comisión ministerial creada para diseñar el plan de desarrollo, sostuvo que esa propuesta será uno de los puntos que abordarán la dirigencia nativa y los representantes del Gobierno.
Por lo pronto, destacó el acuerdo político logrado para que el Congreso suspenda por 90 días la vigencia de la Ley 29317 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), que modificó el Decreto Legislativo 1090, cuestionado por los nativos y que provocó una jornada de protesta.
Agregó que esa suspensión permitirá elaborar un nuevo texto consensuado que recoja las demandas de las comunidades amazónicas, cuya dirigencia impulsó acciones de violencia en la ciudad de Bagua y provocaron la muerte de policías e indígenas.
En todo caso, puso en relieve que la comisión ministerial, integrada también por el canciller José Antonio García Belaunde y la titular de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, buscará determinar las verdaderas necesidades de los nativos a través del diálogo directo.
Fernández mencionó también que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que determina que cualquier norma que afecte a las comunidades debe ser llevada a consulta, no está reglamentado en nuestro país.
Añadió que esa reglamentación puede ser parte del acuerdo con las comunidades y se incluya en el nuevo texto de la norma, ya sea de manera general o específica, según corresponda el caso.
“Estamos viviendo momentos difíciles, pero la obligación de las autoridades es recuperar el diálogo. Debemos tener una vocación de mayor convocatoria y dar espacio a la conciliación, sin diferencias políticas”, remarcó.
Por otro lado, la ministra de Justicia puso en relieve la respuesta positiva que recibió el gobierno por parte de los verdaderos representantes de las comunidades nativas.
“No puede quedar duda que el gobierno tuvo una verdadera vocación de diálogo, a pesar de 59 días de haber sido criticados”, expresó al considerar que Alberto Pizango, asilado en la Embajada de Nicaragua, demostró no representar a las comunidades amazónicas. (Fuente: Andina)
Entre las propuestas que llevarán, la titular de Justicia, Rosario Fernández, anunció un Régimen de Titulación Especial y un catastro de tierras para aquellas comunidades amazónicas que aún no se les reconoce su propiedad en la zona selvática.
En su calidad de integrante de la comisión ministerial creada para diseñar el plan de desarrollo, sostuvo que esa propuesta será uno de los puntos que abordarán la dirigencia nativa y los representantes del Gobierno.
Por lo pronto, destacó el acuerdo político logrado para que el Congreso suspenda por 90 días la vigencia de la Ley 29317 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), que modificó el Decreto Legislativo 1090, cuestionado por los nativos y que provocó una jornada de protesta.
Agregó que esa suspensión permitirá elaborar un nuevo texto consensuado que recoja las demandas de las comunidades amazónicas, cuya dirigencia impulsó acciones de violencia en la ciudad de Bagua y provocaron la muerte de policías e indígenas.
En todo caso, puso en relieve que la comisión ministerial, integrada también por el canciller José Antonio García Belaunde y la titular de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, buscará determinar las verdaderas necesidades de los nativos a través del diálogo directo.
Fernández mencionó también que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que determina que cualquier norma que afecte a las comunidades debe ser llevada a consulta, no está reglamentado en nuestro país.
Añadió que esa reglamentación puede ser parte del acuerdo con las comunidades y se incluya en el nuevo texto de la norma, ya sea de manera general o específica, según corresponda el caso.
“Estamos viviendo momentos difíciles, pero la obligación de las autoridades es recuperar el diálogo. Debemos tener una vocación de mayor convocatoria y dar espacio a la conciliación, sin diferencias políticas”, remarcó.
Por otro lado, la ministra de Justicia puso en relieve la respuesta positiva que recibió el gobierno por parte de los verdaderos representantes de las comunidades nativas.
“No puede quedar duda que el gobierno tuvo una verdadera vocación de diálogo, a pesar de 59 días de haber sido criticados”, expresó al considerar que Alberto Pizango, asilado en la Embajada de Nicaragua, demostró no representar a las comunidades amazónicas. (Fuente: Andina)
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